Resumen: La cuestión a resolver consiste en determinar si debe computarse como cotizado el periodo de percepción de prestaciones de desempleo como consecuencia de la suspensión del contrato de trabajo en ERTE covid por fuerza mayor, a efectos de percibir una nueva prestación de desempleo. Y el TS, reiterando doctrina (TS 16-11-2023, rec 5326/22 ) da tal cuestión una respuesta negativa, y declara que en las prestaciones por ERTE COVID por fuerza mayor el periodo de desempleo no puede computar a efectos de ampliar la duración de la prestación no estando contemplado este derecho en la normativa especial de la pandemia (RD-Ley 8/20), siendo aplicable la regla general del art. 269 LGSS que la excluye. Reconoce que hay particularidades relevantes para la prestación por desempleo COVID pero no alteran la norma que impide el cómputo de las prestaciones percibidas como tiempo cotizado para generar un nuevo periodo de desempleo, no recogiendo que el periodo de percepción de prestaciones pueda computarse y generar derecho a nueva prestación como si de ocupación cotizada se tratase. La situación jurídica queda en los mismos términos que el art. 273.2 LGSS, evita que sea periodo carente de cotizaciones empresariales. No genera para el desempleo más beneficios mantiene los derechos del trabajador. Se exige efectiva realización de ocupación cotizada.
Resumen: Nuevamente se plantea si debe o no considerarse cotizado el periodo durante el que se percibió prestación por desempleo ERTE COVID por fuerza mayor para percibir una nueva prestación por desempleo. La Sala IV da una respuesta negativa, reiterando que no hay derecho a generar prestación durante el tiempo que estuvo en situación de fuerza mayor COVID, por lo que el periodo por desempleo por causa de un ERTE-COVID no se puede considerar como periodo de ocupación cotizada a efectos del reconocimiento de un nuevo derecho a la prestación contributiva por desempleo. Señala en interpretación del art. 269 LGSS que no pueden tenerse en cuenta cotizaciones ya computadas para el reconocimiento de un derecho anterior ni computar las del SEPE o empresa durante el tiempo de abono de la prestación. La normativa especial COVID-19 no introduce una nueva regla de la que pudiere derivarse que esa clase desempleo genere más beneficios que los previstos con carácter general, ni pretende generar un derecho distinto y más extenso que el contemplado en la LGSS, sino mantener para el trabajador el mismo estatuto jurídico reconocido en la normativa ordinaria, pese a la inexistencia de cotizaciones empresariales en el periodo de prestación de desempleo COVID. Además, los principios en los que se sustenta la prestación de desempleo establecen que tan solo el efectivo desempeño de servicios laborales durante un determinado periodo temporal puede generar el correlativo derecho a la prestación.
Resumen: Consolida jurisprudencia (STS 980/2023, de 16 de noviembre (rcud 5326/2022)). La Sala IV, tras el examen de las diferentes normas denunciadas, reitera una vez más que la regla general sobre esta materia está recogida en el art. 269 de la LGSS y, haciendo especial énfasis en su apartado segundo, recuerda que, a efectos de determinar la duración de la prestación por desempleo, en función de los periodos de ocupación cotizada en los seis años anteriores "no pueden tenerse en cuenta las cotizaciones que ya hubieren sido computadas para el reconocimiento de un derecho anterior, sin que puedan tampoco computarse las que efectúe la entidad gestora o, en su caso, la empresa, durante el tiempo correspondiente al abono de la prestación".El único supuesto expresamente exceptuado de esa regla general es el de las prestaciones reconocidas en virtud de la suspensión de la relación laboral por causa de violencia de género. Por "periodo de ocupación cotizada" debe entenderse "el de trabajo y cotización. En este singular régimen jurídico hay relevantes particularidades para la prestación de desempleo covid -que claramente modifican algunas de las reglas generales en la materia-, pero que no alteran la norma que impide el cómputo de las prestaciones percibidas como tiempo cotizado que permita generar un nuevo periodo de desempleo.
Resumen: El Tribunal Supremo, en su sentencia núm. 219/2025, estima el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el SEPE y casa la sentencia del TSJ de Madrid que había reconocido a la trabajadora una duración de 720 días en su prestación por desempleo. El alto tribunal concluye que el periodo en el que la trabajadora estuvo en situación de ERTE por causa del COVID-19 no puede computarse como periodo de ocupación cotizada a efectos de generar un nuevo derecho a la prestación de desempleo. Aplica la doctrina ya consolidada en otras sentencias, conforme a la cual, en ausencia de una previsión legal específica que permita ese cómputo, debe estarse a las reglas generales de la LGSS, que no contemplan tal posibilidad. Por tanto, se desestima el recurso de suplicación de la trabajadora y se confirma la sentencia de instancia que denegó su pretensión.
Resumen: La Sentencia del Tribunal Supremo 238/2025 resuelve un recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el SEPE contra la sentencia del TSJ de Cataluña que había reconocido a un trabajador el derecho a percibir 720 días de prestación por desempleo computando como cotizado el periodo en que su contrato estuvo suspendido por un ERTE-Covid. El Alto Tribunal estima el recurso, apreciando contradicción con una sentencia del TSJ de Extremadura y acogiendo la doctrina ya consolidada en la STS 980/2023 y otras posteriores. Esta doctrina establece que los periodos en los que se percibe prestación de desempleo por suspensión del contrato, salvo supuestos expresamente previstos en la ley (como la violencia de género), no pueden considerarse como cotizados a efectos de generar una nueva prestación. En consecuencia, el Tribunal Supremo anula la sentencia recurrida y desestima la demanda del trabajador.
Resumen: La exigencia de inscripción en el registro administrativo de parejas de hecho o la formalización mediante escritura pública es un requisito constitutivo para adquirir la pensión de viudedad y no vulnera el art. 14 CE. Reitera doctrina establecida, entre otras, en STS 1262/2023, de 21 de diciembre de 2023 (rcud. 2234/2022).
